Cada vez que el Gobierno presenta un proyecto de Ley donde se aumenten derechos cívicos, donde se incida en la igualdad de todos y todas, donde se regule coordinadamente la libertad de los ciudadanos, tenemos al PP con la matraca de la oposición mas encendida. Los conservadores españoles, la Conferencia Episcopal, la radio de los obispos, los medios de comunicación afines y todo lo ultraconsevador que se pueda adosar, no pierden oportunidad para salir a la calle para criticar la medida que sea y presionar así al Gobierno en contra de la Ley que sea. Esas manifestaciones multitudinarias, con olor a alcanfor e incienso, no tienen otro fin que el de lesionar al Gobierno Socialista y descalificar públicamente toda acción de progreso que emane de la acción de Gobierno.
Ya está convocada para Octubre una manifestación contra la Reforma de la Ley del aborto. Igual pasó con los matrimonios del mismo sexo, con la Ley de igualdad, con la Reforma educativa. Es como si cualquier Ley de contenido social, de aumento de derechos siempre el PP estuviera en contra.
El proyecto de Ley de la Reforma la Ley del aborto, enviado por el Gobierno al Parlamento, es el que va a defender el Grupo Socialista que buscará el mayor apoyo parlamentario para sacarlo lo más parecido posible al texto que salió del Consejo de Ministros. Entre los aspectos más novedosos están la universalización de la prestación, garantizando el acceso a todas las mujeres entrando en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, es decir pública, gratuita y dentro de los centros públicos o concertados. Igualmente da la imposibilidad absoluta que alguna mujer sea detenida y llevada a las autoridades por interrumpir su embarazo. Asimismo se elimina la excepción en cuanto a la mayoría de edad, equiparándola al resto de las prestaciones sanitarias, es decir 16 años. También se regula claramente la posibilidad de objeción de conciencia de los profesionales, obligando a las administraciones sanitarias a asumir el coste del servicio en el caso de una negación por dichas razones. Por dicha Ley se garantiza el derecho a la IVE en las 14 primeras semanas; entre las 14 y 22 si existe riesgo grave para la mujer o graves anomalías en el feto; a partir de las 22 semanas si hay un feto con anomalías incompatibles con la vida. En todos los casos será dirigido por un médico, aceptado por un Comité creado al efecto en los dos últimos casos, y siempre con consentimiento escrito y en un centro acreditado.
Es sorprendente que el PP se oponga con tal virulencia a dicha Reforma de una Ley aprobada en 1985 y que aunque fué entonces una Ley de avance social y hoy se encuentra ante una sociedad bien distinta a la de entonces. Igualmente dicha Ley del 85 ha permitido que mujeres que han querido abortar hayan sido objetos de redadas policiales y conducidas, detenidas, a las comisarías. Igualmente ha permitido, sin darle solución, al tema de la objección de conciencia de los profesinales. Creemos que es importante reformar esa Ley y en ello estamos para sacar una Ley con el apoyo parlamentario suficiente para asegurar a las mujeres su derecho a decidir en este asunto tan importante y tan desgarrado para ellas.
Pedro Villagrán 15.09.09
"a partir de las 22 semanas si hay un feto con anomalías incompatibles con la vida".
ResponderEliminar¿Por qué se adopta el criterio de la viabilidad aquí y no, por ejemplo, en la primera semana?